En un hecho histórico y poco común en el panorama político venezolano reciente, la Asamblea Nacional aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una norma que busca facilitar la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos durante los últimos 27 años de gobierno chavista.
La votación, que se dio tras dos semanas intensas de consultas con sectores políticos, sociedad civil y debates en comisiones, contó con el respaldo total de los diputados tanto del chavismo como de la oposición representada en el Parlamento. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, celebró el consenso alcanzado y lo calificó como “un auspicio de un nuevo tiempo político” para el país, destacando el “espíritu de convivencia” demostrado durante el proceso.
La ley, impulsada inicialmente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, concede amnistía general y plena a personas que hayan cometido delitos o faltas de carácter político o conexos ocurridos desde 1999 hasta enero de 2026. Se espera que beneficie a cientos de presos políticos, así como a perseguidos en el exilio o en la clandestinidad, permitiendo la extinción de causas judiciales y la excarcelación de muchos detenidos.
Sin embargo, la norma incluye exclusiones importantes: quedan fuera delitos graves como crímenes de lesa humanidad, homicidios, corrupción, narcotráfico y violaciones sexuales. Además, varios medios y organizaciones señalan que aproximadamente 174 militares (de un estimado de 600-700 presos políticos) procesados por rebelión o delitos similares no se verían beneficiados directamente por la medida.