El Parlamento italiano ha aprobado una nueva normativa que endurece las sanciones contra la okupación ilegal de inmuebles, buscando poner fin a una problemática que afecta al país. En concreto, la Cámara de Diputados ha dicho «SÍ» a las penas de prisión que oscilarán entre los dos y siete años para quienes ocupen arbitrariamente propiedades destinadas al uso residencial de otras personas.
Esta medida, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, también agiliza la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
Una de las novedades de la legislación es que permitirá a la Policía actuar de manera más rápida y efectiva en el desalojo de los ocupantes, acelerando los tiempos de intervención para que los propietarios recuperen sus viviendas sin largas esperas. Además, se ha introducido un artículo que castiga con penas de cárcel a quienes utilicen la violencia o las amenazas para ocupar o mantener posesión de una vivienda ajena, impidiendo al dueño legítimo su retorno a la propiedad, informó La Gaceta.
